El ejemplo de austeridad de un gobierno popular.

Posiblemente, una de las muchas cosas buenas que tiene el sistema autonómico es que nos encontramos con partidos diversos en tareas de gobierno. Populares, socialistas y nacionalistas tienen o han tenido en las distintas comunidades la máxima responsabilidad de gobernar en el ámbito de sus competencias. Y lo han hecho como han podido. Si han podido solos, solos, y si no, acompañados.

Y esa forma de gobernar en sus respectivas comunidades puede darnos una idea de la sinceridad de sus propuestas a nivel estatal.

Sáenz de Santamaría

Así, por ejemplo, hoy mismo, Soraya Sáenz de Santamaría, vocera del PP en el Congreso, ha dicho que en la sesión del próximo miércoles exigirá al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que aplique un plan de austeridad del gasto público en lugar de "levantar el puño" para pegar un "puñetazo" a las clases medias con subidas de impuestos para compensar el déficit.

Preguntada por alguna de las propuestas populares, ha destacado que "el PP hizo un programa de austeridad muy amplio en el que hemos pedido que la austeridad sea Ley". En este sentido, el Grupo Popular lleva al Pleno del Congreso una propuesta concreta, "que tendrá que votar el PSOE para que las Administraciones no puedan endeudarse".

Nada nuevo: lleva meses reclamando austeridad.

Como siempre, frases hechas, palabras huecas que quedan muy bien en televisión. Pero...

Francisco Camps

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, cuenta con 110 asesores cuyas nóminas cuestan al presupuesto autonómico más de cinco millones de euros al año, sin contar los puestos de alta dirección, que ascienden a casi tres millones, según datos del diario Levante.

Al finalizar el tercer trimestre del pasado año, la Comunidad Valenciana seguía encabezando la relación de comunidades autónomas más endeudadas respecto a su PIB: más del 16%. Otras comunidades han establecido duros recortes en su gasto público para acatar las órdenes europeas.

Sin embargo, la Comunidad Valenciana no ha hecho balance del cierre del ejercicio económico y, al menos, se sabe que debe a proveedores más de 1.500 millones en facturas sin pagar, según puede leerse en el citado diario.